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Gacetillas de Prensa | Panamá indemnizará con $11 millones a familiares de las víctimas de la dictadura militar

El contralor general de la República, Gerardo Solís, refrendó el pago de una indemnización contenida en el caso 13.017-C de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a familiares de las víctimas de la dictadura militar de octubre 1968 a diciembre 1989, asociados en el Comité de Familiares de Asesinados y Desparecidos de Chiriquí (Cofadechi)

El contralor general de la República, Gerardo Solís, refrendó el pago de una indemnización contenida en el caso 13.017-C de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a familiares de las víctimas de la dictadura militar de octubre 1968 a diciembre 1989, asociados en el Comité de Familiares de Asesinados y Desparecidos de Chiriquí (Cofadechi).

El monto total a pagar es de $11,024,410.83, los que se harán efectivos en tres cuotas de $3,674,803.61 cada una, conforme lo estableció el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, el 18 de junio de 2021.

El Órgano Ejecutivo se comprometió y autorizó como parte de la deuda nacional, a la indemnización de 15 víctimas descritas en el punto 3 del Acuerdo de Solución del caso 13.017-C, admitida por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), reconociendo la responsabilidad sobre los hechos ocurridos a las víctimas.

La investigación a la violación de los derechos humanos ocurrida desde hace más de 50 años, fue realizada a solicitud de Cofadechi, con el fin de buscar la verdad y lograr justicia que permita aprender de la historia y asegurar que no se repitan los errores del pasado.

Según informó la Contraloría, este pago refrendado ha sido posible gracias al apoyo presupuestario del Gobierno Nacional, de las Embajadas de la República Federal de Alemania y Gran Bretaña y se concretó por gestiones realizadas por los ciudadanos Alberto Almanza, Alina Torrero, Mónica Gadpaille, Salvador Sánchez, Carlos Lee, Celestino Araúz, Roberto González, Roberto Arosemena, Marcelo Araúz y en especial el abogado Ramón Fonseca Mora y muy especialmente la Iglesia Católica.

Este pago de indemnización fue decretado por el Órgano Ejecutivo, conforme a los criterios desarrollados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la indemnización de víctimas apresadas, maltratadas, torturadas, asesinadas y/o desaparecidas.

El mismo se calculó mediante análisis actuariales que han tomado en consideración el nivel socio económico, la edad, expectativa de vida, educación, ingreso promedio proyectado y finalmente la tasa de inflación calculada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Contraloría General de la República (INEC) medida por el Índice de Precios al Consumidor.

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