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El riesgo de cumplir con la ley

Para ahondar en este punto, hace unos días un medio de prensa publicó la lista de los mayores” lobistas” de Chile. Acorde a registros oficiales la encabezaba una gran empresa minera extranjera. Pero cabe preguntarse ¿Es esta empresa el mayor lobista del país?, ¿implica darle un tenor negativo a ese hecho? O, por el contrario, ¿estamos ante una compañía que cumple de manera completa y cabal con lo que establece la ley?

En esta misma línea argumental, sorprende mucho que proyectos mineros nacionales importantes, muy polémicos y largamente tramitados, no registren ninguna gestión de lobby por años. ¿Qué pasa en esos casos? ¿No han tenido reuniones o conversaciones con autoridades? Pueden haber sido representados por terceros (abogados, fundaciones, amigos políticos), o ¿simplemente sus gestiones no han quedado registradas?

Así también existen autoridades que se jactan de no recibir a nadie. ¿No hablan con nadie, no se informan, no intercambian ideas con ninguna persona?

Lo mismo ocurre con gran número de candidatos cuyos gastos de campaña, cuya evidencia es visible en las calles, no tienen ninguna relación con los dineros oficialmente declarados; y, ante la falta de coordinación entre instituciones y la revisión documental formal, sus cuentas son aceptadas al igual que aquellos que efectivamente ejecutaron los dineros e hicieron el trabajo de manera honesta y transparente

Chile ha avanzado enormemente en el establecimiento de leyes orientadas a promover una conducta honesta y responsable de los ciudadanos, mediante la publicación de manera activa de distinto tipo de informaciones y la creación de diferentes categorías de registros de bienes. Sin embargo, debemos observar cuidadosamente las estadísticas levantadas del cumplimiento de estas leyes, pues mal leídas, terminan perjudicando a los que las cumplen correcta y honestamente. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Chile ha avanzado enormemente en el establecimiento de leyes orientadas a promover una conducta honesta y responsable de los ciudadanos, mediante la publicación de manera activa de distinto tipo de informaciones y la creación de diferentes categorías de registros de bienes.

Sin embargo, debemos observar cuidadosamente las estadísticas levantadas del cumplimiento de estas leyes, pues mal leídas, terminan perjudicando a los que las cumplen correcta y honestamente.

La normativa de lobby, la de declaraciones de patrimonio e intereses, aquellas que regulan la rendición de gastos electorales, el cumplimiento cabal de la ley de transparencia o la de porte de armas, son dramáticos ejemplos de ello.

Para ahondar en este punto, hace unos días un medio de prensa publicó la lista de los mayores” lobistas” de Chile. Acorde a registros oficiales la encabezaba una gran empresa minera extranjera. Pero cabe preguntarse ¿Es esta empresa el mayor lobista del país?, ¿implica darle un tenor negativo a ese hecho? O, por el contrario, ¿estamos ante una compañía que cumple de manera completa y cabal con lo que establece la ley?

En esta misma línea argumental, sorprende mucho que proyectos mineros nacionales importantes, muy polémicos y largamente tramitados, no registren ninguna gestión de lobby por años. ¿Qué pasa en esos casos? ¿No han tenido reuniones o conversaciones con autoridades? Pueden haber sido representados por terceros (abogados, fundaciones, amigos políticos), o ¿simplemente sus gestiones no han quedado registradas?

Así también existen autoridades que se jactan de no recibir a nadie. ¿No hablan con nadie, no se informan, no intercambian ideas con ninguna persona?

Lo mismo ocurre con gran número de candidatos cuyos gastos de campaña, cuya evidencia es visible en las calles, no tienen ninguna relación con los dineros oficialmente declarados; y, ante la falta de coordinación entre instituciones y la revisión documental formal, sus cuentas son aceptadas al igual que aquellos que efectivamente ejecutaron los dineros e hicieron el trabajo de manera honesta y transparente.

La realidad nos obliga a ser más críticos, a reconocer que cierto tipo de leyes son de difícil fiscalización y a que muchas de las estadísticas oficiales tienden a desincentivar el cumplimiento de la ley.

Debiésemos preguntarnos qué es lo que no sabemos, sancionar con mayor fuerza al que no inscribe su arma, no cumple la ley de lobby, no rinde todos sus gastos o no declara completamente su patrimonio. Sin embargo, todas estas normas fallan en sancionar al incumplidor, la mayoría de las veces por falta de competencias o por la limitada coordinación que existe en un Estado acostumbrado a trabajar en silos.

La lucha contra la corrupción y el crimen organizado no puede transformarse en una mera relación de lamentos basada en la estadística producida por las personas cumplidoras. Por el contrario, el trabajo debiera focalizarse en indagar en la oscuridad donde habitan este tipo de delincuentes. Y para eso se requiere más coordinación, dejar de lado los egos institucionales y entregar mensajes que protejan a los honestos y sancionen a los criminales.

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