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Congeladas, reformas a contrataciones

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El consejo fiscal, detalló, permitiría frenar el subejercicio de recursos, como el que se registró el año pasado en el sector salud. “Se aprobaron 17,752 millones de pesos para infraestructura y equipamiento para el servicio público de salud y no se ejercieron 11,510 millones de pesos”

La opacidad del gobierno federal en la adjudicación directa de contratos de obra pública, sin licitación, para renovar y reconvertir hospitales y comprar equipo médico e insumos en medio de la emergencia sanitaria para atender la epidemia del Covid-19, deriva de que el Congreso de la Unión no ha hecho las reformas legales recomendadas desde hace mucho tiempo por especialistas en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Edna Jaime y Max Kaiser, directora del centro de análisis México Evalúa, y presidente de la Comisión Anticorrupción de la Confederación Patronal de la República Mexicana, respectivamente, coincidieron en ello al participar, junto con otras tres ponentes, en el foro virtual titulado: “El derecho a la información en México frente al Covid-19“, que organizó el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados.

“Se necesita cambiar algunas leyes para fortalecer la rendición de cuentas en el país. La emergencia no debe estar peleada con la rendición de cuentas”, explicó Jaime y recordó que desde el sexenio pasado está pendiente la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que tampoco ha sido posible expedir la ley de infraestructura o crear el consejo fiscal de la Cámara Baja.

El consejo fiscal, detalló, permitiría frenar el subejercicio de recursos, como el que se registró el año pasado en el sector salud. “Se aprobaron 17,752 millones de pesos para infraestructura y equipamiento para el servicio público de salud y no se ejercieron 11,510 millones de pesos”.

Durante el foro, cuya transmisión fue hackeada cuando iniciaba, la especialista sugirió máxima apertura de la información como visión integral de las contrataciones o adquisiciones públicas, desde la planeación hasta la entrega del bien; activación de mecanismos pro competencia; fiscalización plena en tiempo real de los recursos utilizados, y amplia rendición de cuentas sobre los recursos que se ejercerán durante la contingencia.

Kaiser afirmó que las grandes reformas de transparencia y acceso a la información hicieron creer que la capacidad de ver hacia adentro del gobierno iba a permitir generar un esquema de rendición de cuentas del Estado al ciudadano.

“El esfuerzo se quedó a la mitad. Como no se acompañó de un buen sistema de responsabilidades, rápido el Estado se acostumbró a poner a disposición del ciudadano una parte de la información que generaba, guardar la otra parte y administrar políticamente la obligación de informar”.

También participaron Fabiola Navarro, del Observatorio contra la Corrupción de la UNAM; Sofía Charvel, profesora del ITAM, y María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción.

Recorte de salarios La ONG México Evalúa advirtió que el impacto de recortar 25% del salario de los altos mandos y eliminar su aguinaldo y otras prestaciones del fin de año, como medida para obtener recursos ante una crisis económica, afectará a unos 20,000 servidores públicos y se recaudarían 3,513 millones de pesos.

Al realizar un análisis de las propuestas económicas anunciadas el miércoles por el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacerle frente a la crisis generada por el Covid-19, la organización social recordó que en el 2019 también se les redujo el salario, además de eliminar prestaciones como el seguro de separación, entre otras, lo cual ha tenido impacto en 20,000 hogares.

Mientras que 96% de los 3,513 millones de pesos que podría ahorrar el gobierno por esta medida de austeridad será a costa de directores generales y generales adjuntos, directores de área y subdirectores, todos ellos los principales ejecutores del gobierno federal.

“Pongamos las cosas en perspectiva: con el recorte salarial y de aguinaldos se obtendría sólo 0.57% de los 622,650 mdp que el gobierno federal dice necesitar para el blindaje de sus programas sociales y programas prioritarios”, expuso México Evalúa.

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